Dos reformas trascendentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen en la época moderna un replanteamiento en la forma de pensar, decir y hacer en el derecho procesal penal. La primera, de dieciocho de junio de dos mil ocho, a los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo. Mediante la cual se estableció un sistema procesal penal acusatorio y oral, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sobre la base del principio de presunción de inocencia, que entrará en vigor, conforme al transitorio segundo de la reforma, cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto.
La segunda de las reformas, de diez de junio de dos mil once, al artículo 1°, en el que se introduce el tema de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, del cual gozaran todas las personas; así como de las garantías para su protección que se interpretaran de conformidad con esos instrumento legales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, dando lugar, como obligación del Estado, al principio de tutela efectiva en cuanto, en el ámbito de la competencia de todas las autoridades, deben promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivo, a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los Derechos Humanos.
La reforma procesal penal, tiene dos vertientes, por un lado, el establecimiento de un sistema acusatorio y oral para la delincuencia común; por el otro, para la delincuencia organizada, un derecho especial (derecho penal contra el enemigo).
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